la Diputación

El Acuerdo Marco permitirá a la Diputación destinar alrededor de 25,2 millones a Servicios Sociales en la provincia

18 · 9 · 2017

La Diptación de Segovia aprobará en el próximo Pleno de septiembre el Acuerdo Marco de cofinanciación de los Servicios Sociales con la Junta de Castilla y León, que por primera vez pasará de abarcar dos cursos a tres, comprendiendo los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

El Acuerdo Marco permitirá a la Diputación destinar alrededor de 25,2 millones a Servicios Sociales en la provincia

En total, el Gobierno regional aportará a este acuerdo la cantidad de 5.618.680,57 euros para el año 2017, 5.788.129,61 para el 2018 y la misma cantidad para el 2019, si bien, determinadas prestaciones podrían ver incrementadas sus cuantías por anualidad, en función de la disponibilidad presupuestaria anual de la Administración autonómica.

Por su parte, la Diputación complementará las cantidades anteriormente citadas, en función de los porcentajes de financiación que corresponden a la corporación local, con presupuestos que oscilarán entre los 2 y los 2,2 millones de euros por anualidad. La cantidad restante se completará con la cofinanciación de usuarios y Ayuntamientos.

En total, serán más de 8,3 millones por anualidad, los que se dediquen desde la institución provincial a los equipos de Acción Social Básica (CEAS), Atención a las Situaciones de Dependencia y a la Red de Protección a la Familia.

En primer lugar, a los equipos de Acción Social Básica (CEAS) se destinará alrededor de 1,7 millones de euros por anualidad. "Es destacable su labor por cuanto tiene de profesionalidad, pero también de compromiso y cercanía para los usuarios" explica el diputado de Asuntos Sociales y Deportes, Miguel Ángel de Vicente, sobre el personal técnico que se encuentra en estos diez CEAS de la provincia que componen los cuatro Centros Agrupados de Acción Social de San Ildefonso, Cuéllar, Cantalejo y Prádena. De Vicente añade que, además, estos profesionales "son garantes de la puerta de entrada a la red y a los servicios que presta el ámbito social". En total, 88 profesionales asentados en el territorio provincial conforman estos equipos multidisciplinares que están formados por trabajadores sociales, educadores, psicólogos, técnicos de discapacidad y dependencia o administrativos, entre otros, encargados de acercar las prestaciones y los programas sociales a los pueblos y a sus vecinos.

Por otro lado, en cuanto al servicio de Atención a las Situaciones de Dependencia, que comprende los equipos de Disapacidad y Dependencia, Envejecimiento Activo, Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Centros Residenciales, etcétera, se invertirán alrededor de 4,9 millones de euros por anualidad, variando la cantidad en función de las necesidades y demandas de los usuarios a las prestaciones que correspondan. Se trata de un servicio en el que se generan más de 300 empleos indirectos a través de las empresas que prestan los servicios externalizados, como la Ayuda a Domicilio, donde se atiende más de 1.200 personas en su propia casa, o la Teleasistencia, que cuenta con más de 400 titulares del servicio.

Para Miguel Ángel de Vicente, este servicio "engloba situaciones diversas con necesidad de apoyo, y pretende vincular a las personas y su entorno durante el mayor tiempo posible", facilitándoles las ayudas necesarias para prolongar el tiempo de permanencia en el mismo; en unos casos mediante la ayuda directa, y en otros casos a través de la formación en las habilidades necesarias a los entornos familiares. "Tratamos de lograr que la prestación social procure una atención primaria, vinculando la misma al territorio y a la persona en su propio ámbito; intentamos así que el recurso residencial se retrase lo máximo posible", apunta el diputado.

Por último, dentro de los cerca de 8,3 millones de euros anuales que se destinen desde la Diputación a los Servicios Sociales, la Red de Protección a la Familia será beneficiaria de algo más de 1,6 millones de euros por anualidad. La inversión será dedicada, entre varios otros programas a la Inclusión Social, Urgente Necesidad, Infancia o Crecemos. Con ellos, según afirma Miguel Ángel de Vicente "se pretende ofrecer una atención individualizada e integral que pueda adaptarse a las necesidades y potencialidades de los destinatarios". "Por ejemplo, removiendo las barreras estructurales que dificultan la integración de los individuos en el caso de la Inclusión Social, se confecciona el Plan de Caso, donde quedan marcados los objetivos individuales de intervención", revela el diputado del Área, mientras que en el ámbito familiar, con más de 150 actuaciones que son objeto de seguimiento y de atención frecuente por parte de los profesionales, se previene y promueve la convivencia y la integración en familias multiproblemáticas, con intervenciones de índole jurídico en casos de violencia, acoso, abuso, etcétera.

Además, en colaboración con los Ayuntamientos se posibilitan programas como ‘Crecemos', que trata de compatibilizar la vida familiar y laboral en el entorno rural. Para el Diputado del Área, "el Acuerdo Marco de Servicios Sociales es un reconocimiento real del papel fundamental de las entidades locales en la provisión pública de servicios al ciudadano, donde en este caso, existe una importante contribución relativa de los ingresos propios de la Diputación para hacer llegar los recursos a los municipios". Asimismo señala De Vicente que "la capilarización del esquema de funciones y servicios que se da en Castilla y León en el ámbito de los servicios sociales consigue una gestión eficiente al contemplar un despliegue local desde el compromiso de cooperación entre administraciones, del que al final los mayores beneficiados son los ciudadanos como no puede ser de otra manera".de Segovia aprobará en el próximo Pleno de septiembre el Acuerdo Marco de cofinanciación de los Servicios Sociales con la Junta de Castilla y León, que por primera vez pasará de abarcar dos cursos a tres, comprendiendo los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

En total, el Gobierno regional aportará a este acuerdo la cantidad de 5.618.680,57 euros para el año 2017, 5.788.129,61 para el 2018 y la misma cantidad para el 2019, si bien, determinadas prestaciones podrían ver incrementadas sus cuantías por anualidad, en función de la disponibilidad presupuestaria anual de la Administración autonómica.

Por su parte, la Diputación complementará las cantidades anteriormente citadas, en función de los porcentajes de financiación que corresponden a la corporación local, con presupuestos que oscilarán entre los 2 y los 2,2 millones de euros por anualidad. La cantidad restante se completará con la cofinanciación de usuarios y Ayuntamientos.

En total, serán más de 8,3 millones por anualidad, los que se dediquen desde la institución provincial a los equipos de Acción Social Básica (CEAS), Atención a las Situaciones de Dependencia y a la Red de Protección a la Familia.

En primer lugar, a los equipos de Acción Social Básica (CEAS) se destinará alrededor de 1,7 millones de euros por anualidad. "Es destacable su labor por cuanto tiene de profesionalidad, pero también de compromiso y cercanía para los usuarios" explica el diputado de Asuntos Sociales y Deportes, Miguel Ángel de Vicente, sobre el personal técnico que se encuentra en estos diez CEAS de la provincia que componen los cuatro Centros Agrupados de Acción Social de San Ildefonso, Cuéllar, Cantalejo y Prádena. De Vicente añade que, además, estos profesionales "son garantes de la puerta de entrada a la red y a los servicios que presta el ámbito social". En total, 88 profesionales asentados en el territorio provincial conforman estos equipos multidisciplinares que están formados por trabajadores sociales, educadores, psicólogos, técnicos de discapacidad y dependencia o administrativos, entre otros, encargados de acercar las prestaciones y los programas sociales a los pueblos y a sus vecinos.

Por otro lado, en cuanto al servicio de Atención a las Situaciones de Dependencia, que comprende los equipos de Disapacidad y Dependencia, Envejecimiento Activo, Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Centros Residenciales, etcétera, se invertirán alrededor de 4,9 millones de euros por anualidad, variando la cantidad en función de las necesidades y demandas de los usuarios a las prestaciones que correspondan. Se trata de un servicio en el que se generan más de 300 empleos indirectos a través de las empresas que prestan los servicios externalizados, como la Ayuda a Domicilio, donde se atiende más de 1.200 personas en su propia casa, o la Teleasistencia, que cuenta con más de 400 titulares del servicio.

Para Miguel Ángel de Vicente, este servicio "engloba situaciones diversas con necesidad de apoyo, y pretende vincular a las personas y su entorno durante el mayor tiempo posible", facilitándoles las ayudas necesarias para prolongar el tiempo de permanencia en el mismo; en unos casos mediante la ayuda directa, y en otros casos a través de la formación en las habilidades necesarias a los entornos familiares. "Tratamos de lograr que la prestación social procure una atención primaria, vinculando la misma al territorio y a la persona en su propio ámbito; intentamos así que el recurso residencial se retrase lo máximo posible", apunta el diputado.

Por último, dentro de los cerca de 8,3 millones de euros anuales que se destinen desde la Diputación a los Servicios Sociales, la Red de Protección a la Familia será beneficiaria de algo más de 1,6 millones de euros por anualidad. La inversión será dedicada, entre varios otros programas a la Inclusión Social, Urgente Necesidad, Infancia o Crecemos. Con ellos, según afirma Miguel Ángel de Vicente "se pretende ofrecer una atención individualizada e integral que pueda adaptarse a las necesidades y potencialidades de los destinatarios". "Por ejemplo, removiendo las barreras estructurales que dificultan la integración de los individuos en el caso de la Inclusión Social, se confecciona el Plan de Caso, donde quedan marcados los objetivos individuales de intervención", revela el diputado del Área, mientras que en el ámbito familiar, con más de 150 actuaciones que son objeto de seguimiento y de atención frecuente por parte de los profesionales, se previene y promueve la convivencia y la integración en familias multiproblemáticas, con intervenciones de índole jurídico en casos de violencia, acoso, abuso, etcétera.

Además, en colaboración con los Ayuntamientos se posibilitan programas como ‘Crecemos', que trata de compatibilizar la vida familiar y laboral en el entorno rural. Para el Diputado del Área, "el Acuerdo Marco de Servicios Sociales es un reconocimiento real del papel fundamental de las entidades locales en la provisión pública de servicios al ciudadano, donde en este caso, existe una importante contribución relativa de los ingresos propios de la Diputación para hacer llegar los recursos a los municipios". Asimismo señala De Vicente que "la capilarización del esquema de funciones y servicios que se da en Castilla y León en el ámbito de los servicios sociales consigue una gestión eficiente al contemplar un despliegue local desde el compromiso de cooperación entre administraciones, del que al final los mayores beneficiados son los ciudadanos como no puede ser de otra manera".